En el año 1993, a través del dictado del Decreto Nº 1187, se dispuso la supresión definitiva del monopolio postal en cabeza del Estado, determinándose que el mercado postal nacional e internacional sería, en adelante, “abierto y competitivo”.

Esto significó la irrupción de numerosas empresas que empezaron a competir con el Correo Oficial (en ese entonces, la ex ENCOTESA) en todos los renglones de servicios, ya sea nacionales como internacionales, ya como dirigidos a los usuarios individuales o al segmento denominado corporativo.

No obstante esta liberalización, y por exigencias propias de la naturaleza del servicio público postal, se mantuvo en cabeza del Correo Oficial la obligación de satisfacer el denominado “Servicio Postal Básico Universal”, compuesto por una serie de prestaciones básicas que deben satisfacerse en todo el territorio nacional, y bajo régimen de tarifas.

Además de este servicio básico, al Correo Oficial se le encomendó la prestación de determinados servicios “obligatorios”, aunque sin régimen tarifario ni las estrictas condiciones de cobertura geográfica propias del servicio universal.

La supresión absoluta del monopolio se confirmó con el hecho que tanto las prestaciones del servicio postal básico universal como los otros servicios obligatorios debían prestarse “sin exclusividad” (artículo 8, Dec. 1187/93), lo que significaba la posibilidad de competencia respecto de los mismos por parte de prestadores de servicios postales privados.

Para completar el cuadro de situación, debe señalarse que la República Argentina, por su condición de Estado miembro de la UNION POSTAL UNIVERSAL, ha asumido el compromiso, conjuntamente con los otros países miembros de la misma, de constituir un “territorio postal único” para el tratamiento de los envíos postales.

Esto significa que la República Argentina, a través de su operador oficial, asume el tratamiento de todos los envíos que, desde el exterior y hacia el exterior, se encaminan en orden a lo que disponen las normas vigentes en materia (Convenio Postal Universal y restantes Actas de la U.P.U., aprobadas por Ley Nº 25.698).

Por tanto, el Correo Oficial carga también con las obligaciones que implican los servicios postales internacionales regulados por las normas internacionales antes descriptas.

La supresión del monopolio dispuesta en el año 1993, generó una intensa competencia en el renglón de los servicios que pueden considerarse como “corporativos”, competencia que se ha caracterizado por el ingreso al mercado de numerosas empresas de disímil estructura y permanencia en el mismo.

Deben entenderse como “corporativos” aquellos servicios demandados por un solo impositor, generalmente empresas u organismos oficiales, con un gran volumen de piezas dirigidas a una pluralidad de destinatarios (p.ej., los casos de facturas de servicios, bancos, compañías de seguros, etc.)

En contraposición a este mercado “corporativo” de servicios postales, está el que puede denominarse como “individual” u “ocasional”, esto es, el servicio o servicios demandados por un usuario individual que generalmente es de una pieza o envío o un pequeño número de éstos.

La evolución del mercado postal muestra una clara tendencia hacia la realización de servicios corporativos y, dentro de éstos, orientados en gran proporción a destinatarios sitos en los grandes centros urbanos.

Por el contrario, ha sido limitada la aparición en el mercado de operadores que orienten su oferta a los usuarios individuales de los servicios.

El fenómeno de crecimiento de la competencia en el mercado corporativo y no así en el individual, es explicable por la disímil estructura que exigen uno y otro.

En efecto, las exigencias para constituir una infraestructura de red necesaria para atender a uno ó más clientes corporativos es notablemente menor que la requerida para atender a usuarios individuales. El cliente corporativo es un único impositor con una localización definida, lo que simplifica notablemente las cuestiones de la imposición.

A diferencia de ello, la atención del cliente ocasional e individual implica una infraestructura de red física, con puntos de atención diversificados, con estructura de recolección, etc., es decir, toda una estructura que impacta directamente sobre los costos y, obviamente, sobre el interés empresario de atender este segmento de clientes.

A lo expuesto cabe agregar las diferencias notables de volúmenes de piezas existentes entre una contratación de tipo corporativo, que no se compensan con el mayor precio que hipotéticamente pudiera cobrarse al usuario individual, por lo que resulta claramente explicable por qué la competencia generada con la liberalización postal no ha llevado a orientarse  a atender a la demanda de los usuarios de servicios postales individualmente considerados.

En ese sentido debe ser preocupación del Estado la de mantener una efectiva competencia especialmente en el mercado de servicios “ocasionales”, esto es, los dirigidos a clientes individuales, cuya atractivo es sensiblemente menor para el grueso de los operadores postales privados.

Si bien la atención de la demanda de los usuarios individuales está obligatoriamente impuesta al Correo Oficial, la misma ha sido establecida “sin exclusividad” y, por ende, bajo un régimen de precios libre (salvo en los puntuales servicios del Servicio Postal Básico Universal), por lo que es una necesidad generar las condiciones para que, en estos segmentos, el Correo Oficial tenga una efectiva competencia.

En tal sentido al disponerse en noviembre de 2003 que el Estado reasumiese la gestión del operador público —a través de la empresa “CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Sociedad Anónima”—, se invocó expresa y principalmente la garantía del Servicio Postal Universal como justificación principal de la intervención del Estado en la materia, como así también la protección de las fuentes de trabajo genuino generadas por el sector.

En dicho contexto, la Autoridad de Control procede a ejercitar mayores controles al sector privado justificado en la necesidad de asegurarle condiciones de competencia equitativas al Operador del servicio universal.

Hay un cambio sustantivo en la política fijada para el sector, estableciéndose objetivos e indicadores sociales y no sólo económicos, que fueron la única base de la ideología que sustentó la liberalización y la “privatización” en el sector en 1993 y 1997.

Algunos indicadores

Para finales de 2008, el mercado está compuesto por el Correo Oficial y 128 Correos Privados que brindan Servicios Postales, Telegráficos, Monetarios y otros Servicios Conexos.

Con respecto a la dimensión del mercado, durante el año 2008 la facturación total del mercado postal, telegráfico y monetario ascendió a la suma de $3.227,21 millones de pesos, registrando un incremento del 27.52% respecto del año anterior.

En cuanto a la participación del Correo Oficial en el Mercado, el cambio de política logró revertir, por primera vez, la tendencia de disminución de participación que se verificó desde 1994.

También en lo que refiere a ventas y producción postal, telegráfica y servicios monetarios se revirtió, en estos últimos años, la tendencia negativa que mostraban los indicadores. En el período 2004-2008, la producción de piezas postales se vio incrementada un 42%, la producción de piezas telegráficas aumentó un 27% y la producción de servicios monetarios un 22%. En el mismo período, las ventas postales aumentaron un 152.3%, las ventas telegráficas subieron un 55.3%, mientras que las ventas correspondientes a servicios monetarios se incrementaron 123.6%.

Esa política no sólo importó reasumir la gestión del Operador público, sino también ejercitar puntuales acciones del Regulador, que apuntaron al control del sector privado y a exigir en los operadores privados la acreditación de estructuras de servicio reales y con compromiso con el empleo registrado.

Por efecto de esos controles, si bien se redujo en más del 50% la cantidad de prestadores inscriptos (más de cien empresas desaparecieron), pero creció notablemente el número total de trabajadores registrados (más de 2.000).

Hoy el sector postal provee más de 14.000 empleos en regla en el Correo Argentino y más de 18.000 en el sector privado, indicador social de primer orden que brinda el sector.

El desafío es consolidar ese bien social, con el de la satisfacción creciente de las demandas de los usuarios no sólo en lo que hace a servicios universales y básicos, sino de valor agregado y aquellos convergentes con las nuevas tecnologías de comunicación.