La historia del Correo se remonta a la época de la colonización, pasados 20 años del descubrimiento de América.
Las primeras comunicaciones a distancia, tenían por objeto mantener a los españoles de la conquista comunicados con la Corona, recibir noticias, órdenes, así como las comunicaciones con sus allegados en España.
Durante el período de la Revolución de Mayo, el correo tomó un papel relevante en el proceso revolucionario, permitiendo la circulación de órdenes y partes emanados de la Primera Junta de Gobierno, y permitiendo recibir las noticias de las batallas libradas en los frentes y la difusión de manifiestos patrióticos.
Más tarde, en 1826 durante la Presidencia de Bernardino Rivadavia se elaboró el proyecto de nacionalización de correos, el cual fue enviado al Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, significando un hecho político y simbólico de gran relevancia para la emancipación -de las comunicaciones- y de nuestro país. Así, en ese mismo año se creó en Buenos Aires la Dirección General de Correos, Postas y Caminos. Tres décadas más tarde, se instalaban en Buenos Aires los primeros buzones y se reglamentaron los sellos, servicios de carteros, y las tasas postales.
El desarrollo y avance de la tecnología, en particular de los transportes como el ferrocarril implicaron un impacto muy grande para el servicio postal.
El 10 de octubre de 1876 se sancionó de Ley de Correos Nº 816 cuyas disposiciones tuvieron vigencia durante casi un siglo.
El 1º de abril de 1878 Argentina se incorporó como país miembro a la Unión General de Correos –creada en 1874- que ese año cambió su denominación por la actual, Unión Postal Universal (UPU).
El 3 de junio de 1879 se aprobó el Reglamento General del Servicio de Correos.
A partir de 1880, la Dirección General de Correos y Telégrafos entra en un largo período de estabilidad institucional durante el cual se produjeron hechos importantes a la par de los progresos tecnológicos.
En 1972 se creó la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), la cual funcionaría como empresa del Estado, prestando los servicios postales públicos nacionales e internacionales, la prestación de servicios monetarios y actividades complementarias, subsidiarias y accesorias de la actividad postal.
En 1973 se sanciona la Ley de Correos Nº 20.216, que reemplazó a la Ley Nº 816 de Correos de la Nación, vigente desde 1876. A partir de la sanción de la mencionada Ley se introdujeron variantes sustanciales como los Derechos y Obligaciones de los Usuarios, así como las Obligaciones del Estado. Dentro de los principios fundamentales se reitera el tradicional sobre la inviolabilidad de la correspondencia y se amplía el monopolio postal del Estado, que se ejercía sobre la admisión, transporte y entrega de las comunicaciones cerradas y abiertas de carácter actual y permanente, extendiéndoselo también a todo sobre o pliego cerrado provisto de dirección.
Se asegura la intercomunicación postal entre todos los puntos del país y la expansión de los servicios hacia lugares apartados y de fronteras, como principio social del servicio público prestado.
En 1979 la Ley es modificada creándose el Régimen de Permisionarios, el cual comprendía la autorización a terceros para operar en el Mercado Postal, para la prestación de servicios especiales. ENCOTEL en este contexto se desempeñaba como Prestador del servicio, así como organismo autorizante de terceros y órgano contralor de todo el mercado.
El ejercicio simultáneo de los roles de operador y regulador por parte de la Administración de Correos no podían mantenerse unificadas, y la incorporación del sector privado a la actividad hicieron necesaria la creación de un órgano independiente que ejerciera la regulación y el control, con el objeto de separar la prestación del servicios, de su regulación y control.
En 1992 ENCOTEL dejó su lugar a la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), que estuvo activa hasta 1997, año en que se privatizó a través de un proceso de concesión de los servicios por un período estipulado en 30 años.
Acompañando este contexto, a través del Decreto 2792/92 se crea la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT), como organismo de control y regulador d la actividad.
En 1993 se dictó el Decreto Nº 1187/93 por el que se aprobó un régimen competitivo y abierto para la actividad postal. La siguiente es una síntesis de las disposiciones de dicha norma:
- Se suprime el monopolio postal, estableciéndose que el mercado postal local e internacional es abierto y competitivo.
- Las empresas que operan en el mercado postal disponen de libertad para fijar la dotación de personal, los equipos, medios de transporte y locales.
- Toda persona de existencia visible o ideal puede transportar su propia correspondencia.
- Se crea el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales, en el que debería inscribirse toda persona de existencia ideal que desee transportar y/o entregar correspondencia de terceros, ya sea como actividad principal o accesoria, en forma regular u ocasional, nacional y/o internacional.
- Se establecen los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales fijándose un derecho a inscripción de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) anuales.
- Se establece que la ex-COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS (hoy COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES) es la autoridad encargada de ejercitar la función de Policía en materia postal y telegráfica, con el objeto de proteger los derechos del consumidor, la vigencia de una efectiva competencia y las normas de lealtad comercial.
En 1997, siguiendo un proceso similar al ocurrido en el mercado de Telecomunicaciones con la privatización de ENTEL -empresa del Estado que tenía a su cargo la prestación del servicio básico telefónico-, se dictó el Decreto Nº 265/97 que convocó a Licitación Pública a los fines de otorgar la concesión de todos los servicios postales, monetarios y telegráficos que prestaba ENCOTESA.
La concesión fue adjudicada por Decreto nº 840/97 a Correo Argentino S.A., y se declaró en proceso de liquidación a ENCOTESA.
La empresa Correo Argentino S.A. se hizo cargo de la administración del Correo Oficial, pero en 2003 se rescindió el contrato de concesión y se constituyó una unidad administrativa, a cargo de la conducción del Servicio Oficial de Correos, para reorganizar la empresa durante 180 días. Cumplido el plazo, se conformó la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), cuyas acciones son hoy propiedad del Estado Nacional
